30 Mar DATA COVID-19. ANÁLISIS DE LA ORDEN SND 297/2020
El pasado 28 de marzo, fue publicada en el BOE la Orden SND 297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, el Gobierno ha encomendado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial el desarrollo de diversas medidas y actuaciones dirigidas por una parte, a ofrecer canales alternativos de información fiable (facilitada por el Ministerio de Sanidad) a los ciudadanos, a través de aplicaciones, asistente conversacional o página web y, por otra, se pretende contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento,con el objetivo de entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia.
En este sentido, se aprueba“el desarrollo urgente de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.Dicha aplicación permitirá, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información al usuario sobre el COVID-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación. La aplicación permitirá la geolocalización del usuarioa los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”.
Por lo que al análisis de la movilidad de los ciudadanos se refiere, denominado en la propia Orden como “DataCovid-19”, el Gobierno seguirá el modelo facilitado por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad a través del cruce de datos agregados y anónimos, facilitados por los operadores móviles con los que se llegue a un acuerdo a tal efecto.
En la ejecución de este estudio, se velará por el cumplimientode lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, siendo el Instituto Nacional de Estadística el responsable del tratamiento de tales datos y los operadores de comunicaciones electrónicas móviles los encargados del tratamiento de los mismos.
Este control sobre la localización de la población pone sobre la mesa eldebate de la constitucionalidad de las medidas adoptadas en orden a establecer el difícil equilibrio entre la seguridad y la libertad.No obstante, se supone que la descarga de la aplicación no será obligatoriapor lo que los ciudadanos tienen la libertad de descargarse o no la aplicación y el Gobierno solo tendrá acceso a los datos proporcionados por aquél usuario que libremente decida facilitarlos.
Además, tal y como comentamos en nuestro artículo anterior “Covid-19 y Protección de Datos”,las medidas adoptadas por el Gobiernodurante el estado de alarma que puedan colisionar con la protección de datos, quedan amparadas por razones de interés público en el ámbito de la salud pública (art.9.2 i) RGPD),legitimando, por tanto, el tratamiento de tales datos, de manera que la información así obtenida es lícita y en ningún caso vulnera la normativa de protección de datos personales al tener como finalidad un interés general basado en la contención de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
En definitiva, el Gobierno hará uso de la inteligencia artificial para combatir la crisis sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19 ofreciendo canales de información oficiales y rastreando los teléfonos móviles de aquellos ciudadanos que deseen colaborar en el control de la movilidad de la población, por lo que nos encontramos ante un escenario donde prima el conocimiento y el libre acceso al mismo junto con la confianza depositada por los ciudadanos tanto en el Estado como en la ciencia y sus recursos.
Nuria García Sempere
Abogada y Economista
Sotodoce Abogados y Economista
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