Últimas medidas sociales en defensa de empleo – COVID-19 – Coronavirus
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Últimas medidas sociales en defensa de empleo – COVID-19 – Coronavirus

Últimas medidas sociales en defensa de empleo – COVID-19 – Coronavirus

Las últimas novedades en materia de medidas sociales en defensa del empleo han sido aprobadas mediante el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo. A continuación, les detallamos estas medidas sociales.

Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, durante el desconfinamiento.

Las empresas con un ERTE por fuerza vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del Covid-19, mientras duren las causas que producen la fuerza mayor, pero en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.

Las empresas se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, desde el momento en el que las causas que producen la fuerza mayor permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.

En todo caso, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. También deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, de los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo, para la regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación.

Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción comunicados a partir del desconfinamiento.

Se establecen las siguientes reglas, además de las establecidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,de aplicación a los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor del Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y hasta el 30 de junio de 2020.

En primer lugar, la tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo del apartado 1.

Respecto a la fecha de efectos, cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por fuerza mayor derivado del Covi-19 la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

Seguirán siendo aplicables a los expedientes de este tipo, vigentes hasta la fecha, los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

Hasta el 30 de junio seguirán vigentes las siguientes medidas:

1 – Las personas trabajadoras seguirán percibiendo las prestaciones, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.

2 – A los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, no computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias.

3 – Esto resulta de aplicación también para aquellos trabajadores que tengan la condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor derivado del Covid-19.

Respecto de la exoneración de cuotas, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades acogidas al ERTE total por fuerza mayor derivada del Covid-19, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran cincuenta o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Por su parte, a las empresas y entidades que se acojan a un ERTE parcial por fuerza mayor quedarán exoneradas en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) En cuanto a las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados en alta a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más, la exención alcanzará el 45 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal.

Se establece que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo del apartado 1.

Asimismo, respecto de los dividendos, las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo del apartado 1 y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

No obstante, esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

Extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización.

Se confirma que, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo a los que se refiere el artículo 1, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones del apartado 4, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.

Salvaguarda del empleo.

El compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, se entenderá por tal, la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

En este sentido, se aclara que este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

No se considerará incumplido dicho compromiso, no obstante, cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

Quedamos a su disposición en Sotodoce Abogados y Economistas para asesorarle sobre el procedimiento de ERTE y sus consecuencias.

Juan Miguel Izaguirre –

Abogado.

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